El proyecto de reconstrucción del Patio del Embajador Vich ha estado rodeado de polémica desde que se planteó. Los responsables del mismo se enfrentan a una denuncia del colectivo vecinal la Boatella interpuesta ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia por considerar que, dado que el convento del Carmen fue declarado Bien de Interés Cultural en 1983, el patio queda dentro de la clasificación y por tanto el traslado de las piezas ha sido un “expolio y destrucción del patrimonio”. Asimismo, pedían la paralización cautelar de las obras mientras el Tribunal emitía sentencia y se comprometían a no permitir ” que se cometa un segundo delito con la ilegal y falsa reconstrucción a partir de mínimos y en lugar diferente a su original construcción”, circunstancia que contravendría la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano.

En este mismo sentido se manifiestan Ciutadans per una Cultura Democrática i Participativa (ex-amics del IVAM) e instan al Ministerio de Cultura a que intervenga en unas obras que “ponen en grave peligro la conservación del patrimonio histórico-artístico al afectar a un inmueble declarado BIC. El desmontaje y traslado de las piezas provenientes del antiguo palacio renacentista del Embajador Vich supone de por sí una merma del conjunto a la que hay que sumar la desaparición de las salas museísticas conocidas como Luis Ferreres y Embajador Vich, muestras únicas de la arquitectura ecléctica decimonónica (…) y por tanto dignas de conservación”.

Quizá hubiera sido posible, como apuntada desde el consell Jesús Huguet Pascual en su voto a propósito del traslado, una solución que pasara por colocar en el Museo de Bellas Artes las piezas de que disponen y hacer copias de las del Carmen para reconstruir el espacio de un palacio renacentista. Así se preservaría el patrimonio y la historia del Carmen y se conservaría adecuadamente la parte dispersa en San Pío V aplicando dos criterios de actuar sobre el patrimonio: el arqueológico y el que busca recuperar el contexto espacial.